Women’s Link presentará recurso contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska, quien niega amparo judicial a Cristina Valls, ciudadana española que fue torturada en México.
El recurso de apelación se presentará en la Audiencia Nacional el próximo lunes 14 y contradice el auto del juez Grande-Marlaska, quien recientemente decidió inadmitir la querella por el delito de tortura que Women´s Link presentó en nombre de Cristina Valls, en enero pasado. En esta querella se denunciaban las torturas, abusos sexuales y violación que sufrió la ciudadana española CRISTINA VALLS tras su detención en Atenco, el 4 de mayo de 2006, junto a otras 200 personas.
La argumentación del recurso de apelación defiende, en primer lugar, la competencia española para investigar los gravísimos delitos de los que fue objeto la querellante. Le recuerda al magistrado que la tortura es un delito de persecución internacional y que, por lo tanto, la competencia mexicana para enjuiciar estos hechos debe considerarse “concurrente” con la jurisdicción española. Las investigaciones judiciales mexicanas –escasas y carentes de voluntad esclarecedora- en ningún caso deben suponer ni la inhibición ni la delegación de responsabilidad de la justicia española para conocer e investigar un delito tan grave.
El recurso de apelación señala que la jurisprudencia aplicable a casos de graves violaciones de derechos humanos señalan un único límite para la investigación judicial y es el principio de “cosa juzgada”, que no se ha producido en este caso. Muy por el contrario, las actuaciones policiales y judiciales mexicanas sobre estos hechos han sido escasas, incompletas, opacas y claramente orientadas a garantizar la impunidad de las autoridades y mandos policiales implicados. Así lo establecen numerosos informes independientes, como los de Amnistía Internacional, y las constantes denuncias de las organizaciones mexicanas de derechos humanos.
El recurso recuerda algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal Constitucional en las que se señala la importancia de la investigación judicial cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos.
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