martes, 17 de junio de 2008
La “justicia” se rige por intereses económicos- Rueda de prensa y Concentración
Nos concentramos hoy ante la audiencia nacional para denunciar la intención del gobierno mexicano de obstaculizar la investigación del "caso Atenco", querella presentada en enero de este año que trata de torturas sufridas por una ciudadana española en pueblo de Atenco, México en 2006 junto con más de 200 personas, 16 de las cuales siguen hoy injustamente encarceladas.
Los mismos responsables políticos que están incluidos como acusados en el caso, como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y Genaro García Luna, jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, son los que ahora responden argumentando para que este caso no sea juzgado en el Estado Español.
Esta respuesta coincide además con la actual visita al país de Felipe Calderón, presidente de México, y de su invitado especial, el acusado Enrique Peña Nieto.
La gira de esta comitiva político-empresarial mexicana se basa en reuniones con las principales empresas multinacionales españolas, y en la inauguración de la Expo del Agua de Zaragoza, donde México participa como país invitado, lo que supone una oportunidad para presentar su estrategia de crecimiento en infraestructura con el objetivo de atraer inversión privada, afirmando continuamente que estos proyectos se basan en las demandas del pueblo mexicano, que libre comercio es igual a motor de crecimiento económico y que éste por sí mismo genera desarrollo social. Pero nosotras sabemos que no es cierto, conocemos cómo ha incrementado la desigualdad, así como el deterioro del medio ambiente y las condiciones de vida y trabajo de la población tras la privatización de los servicios básicos en México. Multinacionales españolas como Iberdrola, Gas Natural y Unión FENOSA dominan el mercado eléctrico en México, mientras poblaciones y comunidades de todos los puntos del país se han organizado para luchar contra la ejecución de esos "proyectos de desarrollo" que se incluyen en el Plan Puebla Panamá (PPP) que hoy buscan inversiones privadas en la Expo de Zaragoza.
Poblaciones como la del Saltillo, en el Estado de Coahuila, que se organizaron desde 2001 cuando la multinacional Aguas de Barcelona (Agbar) se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila, violando el derecho humano al agua. O numerosas organizaciones civiles del Estado de Oaxaca que exigen a los gobiernos federales y estatales la cancelación de los proyectos del PPP, como el nuevo intento de hacer otra presa en Jalapa del Marquez en el Istmo oaxaqueño, la Súper Carretera Oaxaca-Tapachula y su ramal Huatulco o el Parque eólico en la Ventosa, defendiendo siempre que la tierra no está en venta. Del mismo modo que en el Estado de Guerrero la población de La Parota lucha desde el 2002 contra el Proyecto de construcción de una represa que inundará el territorio de 3 municipios, desalojando a más de 20 mil habitantes.
El caso que hoy nos trae frente a la Audiencia Nacional: la organización de la población de Atenco, en el Estado de México, que desde el 2001 lucha contra el plan de construcción de un aeropuerto en sus tierras, construcción que incluye la colaboración de la multinacional española OHL. Como respuesta a esa lucha, Atenco fue castigado con una represión brutal en 2006 que hasta hoy sigue en la impunidad, y con 16 personas en prisión encarceladas con procesos que no cumplen las mínimas garantías jurídicas.
Conocemos la existencia de una "Cláusula democrática" incluida en el Acuerdo Global de libre mercado entre la Unión Europea y México, que dice: "El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo". Si la Audiencia responsabilizara al gobierno mexicano por torturas, los negocios que están tejiendo en estos días sus representantes dejarían de parecer tan limpios. Y son muchos miles de millones de euros los que están en juego.
Exigimos a la Audiencia Nacional que investigue los delitos de tortura denunciados al margen de los intereses económicos de las multinacionales españolas, para no contribuir a la historia de impunidad que acompaña y perpetúa los delitos cometidos por el estado mexicano.
ATENCO SOMOS TODAS
www.justiciaparaatenco.blogspot.com
MAS ARTÍCULOS DE PRENSA:
http://www.cimacnoticias.com/site/08061708-Caso-Atenco-una-bu.33604.0.html
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60012
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=024n1pol
http://www.ecodiario.es/mundo/noticias/603806/06/08/Mexico-La-espanola-que-denuncio-torturas-en-Atenco-acusa-al-Gobierno-mexicano-de-obstaculizar-la-accion-de-la-justicia.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/515518.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/17/index.php?section=politica&article=012n2pol
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2 comentarios:
Women’s Link Worldwide es una organización internacional de derechos humanos
que trabaja estratégicamente para que
la justicia y el derecho aseguren que la equidad de género sea una realidad
en todo el mundo.
womenslinkworldwide.org
Querella ante la Audiencia Nacional
Women's Link confirma ante el juez Fernando Grande-Marlaska su pedido de
procesamiento contra altos cargos mexicanos, implicados en el delito de
tortura que sufrió la ciudadana española Cristina Valls.
Hoy, martes 17, la organización internacional Women’s Link Worldwide
presentó al titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande-Marlaska, un escrito en el que denuncia la respuesta que el
gobierno de México hizo llegar a ese mismo magistrado en el caso de la
querella por torturas, abusos sexuales y violación que sufrió la ciudadana
española CRISTINA VALLS. Los hechos que han motivado esta querella son
conocidos como el "caso Atenco", y fue un gravísimo episodio de atropello a
los derechos humanos ocurrido en mayo de 2006, en el Estado de México. Las
querellantes señalan la implicación que en esos hechos tuvieron algunos
funcionarios que, en la actualidad, son altos cargos del gobierno del
Presidente Calderón como, por ejemplo: EDUARDO MEDINA MORA, Procurador
General de la República; GENARO GARCÍA LUNA, al frente de la Secretaría de
Seguridad Pública o ENRIQUE PEÑA NIETO, gobernador del Estado de México, en
cuya jurisdicción y bajo cuya responsabilidad se produjo el llamado "caso
Atenco".
Ahora se inicia la etapa en la que el juez debe decidir si acepta la
querella y da comienzo a la instrucción o si no la admite a trámite.
Antes de comparecer ante la Audiencia Nacional, las querellantes explicaron
en rueda de prensa los principales rasgos de este procedimiento judicial.
Señalaron que el pasado jueves 12, y tras más de 3 meses de dilaciones, el
gobierno mexicano entregó al juez Grande-Marlaska un escrito plagado de
inexactitudes con el que han pretendido impedir que prospere la querella
presentada en España. Este escrito respondía a un pedido de información en
que el magistrado solicitaba conocer las actuaciones judiciales estaban
investigando estos mismos hechos en México, así como la situación migratoria
de Cristina Valls, quien en 2006 fue irregularmente expulsada del país, con
prohibición de regresar en el plazo de 5 años. Esta prohibición ha situado a
la querellante en situación de indefensión, puesto que le impidió denunciar
en México los delitos de torturas, abusos sexuales y violación, de que había
sido objeto por las fuerzas de seguridad. También por esa razón, la querella
fue finalmente presentada en España.
En cuanto a las inexactitudes que denuncian del escrito gubernamental
mexicano y que el juez deberá tener en cuenta para decidir sobre el futuro
de esta querella, las denunciantes señalaron:
1) La respuesta del gobierno mexicano ha sido elaborada por la Procuraduría
General de la República cuyo titular, EDUARDO MEDINA MORA, es uno de los
principales acusados en esta querella puesto que en el momento de producirse
el "caso Atenco" era el Secretario de Seguridad Pública y, por lo tanto,
responsable de las fuerzas federales que cometieron los atropellos y
delitos.
2) La respuesta mexicana señala que desde abril de 2007, habría sido
suprimida la prohibición de regresar a México que pesaba sobre CRISTINA
VALLS desde su expulsión, 2006, pero, curiosamente, ni la interesada ni su
abogada mexicana, Elba Coria de la ONG Sin Fronteras, fueron notificadas de
ese cambio.
3) El escrito mexicano ignora que, en representación de 11 de las mujeres
violadas y torturadas en Atenco, dos prestigiosas organizaciones de derechos
humanos – Centro Pro Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y CEJIL --
han pedido, en abril de este año, la intervención en este caso de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por entender que el gobierno
mexicano practica una política de entorpecimiento de las investigaciones y
obstaculiza el acceso a la justicia.
4) La impunidad que existe actualmente en México por las violaciones de
derechos humanos en el caso Atenco en general y sobre la violación como
tortura, en particular, ha sido denunciado tanto por las mujeres mexicanas
que sufrieron violaciones durante el llamado "caso Atenco" así como por
varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y
96 congresistas estadounidense que el mes pasado dirigieron una carta al
gobierno mexicano en protesta por la impunidad que ha rodeado estos hechos.
La rueda de prensa estuvo a cargo de Viviana Waisman, Directora de Women's
Link Worldwide, Paloma Soria, abogada querellante y Cristina Valls.
Explicaron que debido a la relevancia de los acusados y a los antecedentes
que denuncian tanto Amnistía Internacional como el escrito de los 96
congresistas estadounidense y las constantes denuncias de organización
mexicanas de DD.HH, en México no se dan las mínimas condiciones para un
proceso independiente. Señalaron también su disgusto con la actitud del
fiscal del caso, Pedro Rovira, quien se opuso a cualquier actuación
judicial, aún antes de conocer la argumentación del gobierno de México.
Por último, explicaron que las buenas relaciones entre México y España,
fortalecidas por la reciente visita del Presidente Calderón, no deben
suponer ningún impedimento la actuación independiente de la justicia en un
gravísimo delito como el que se denuncia y señalaron que si el juez
Grande-Marlaska no admite la querella dejaría a Cristina Valls sin ningún
tipo de amparo judicial.
Para ampliar información: Teléf. 609141980 y 666120127
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