La querella de la catalana Cristina Valls ante la Audiencia Nacional de España contra policías y autoridades federales y estatales mexicanas que participaron en mayo de 2006 en la ocupación de San Salvador Atenco “es importante también para las 11 mexicanas que tenemos un proceso similar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; nos da esperanzas de que, pese a que hasta ahora la justicia mexicana no ha sido eficaz, podremos romper la impunidad que protege a nuestros violadores”, señaló ayer en conferencia de prensa Italia Méndez, quien además de víctima es ahora testigo en el juicio que entabló en Madrid una de sus compañeras de infortunio.
Las representantes legales de Cristina Valls, Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, y Paloma Soria, abogada querellante en este caso, exigieron por su parte que el gobierno mexicano responda a la petición hecha hace ya dos meses y medio por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre el curso de los procesos judiciales abiertos por el caso Atenco y sobre la situación procesal y migratoria de la querellante. La catalana, detenida y torturada junto con seis extranjeros más el 4 de mayo de 2006, fue expulsada del país con todo el grupo a pesar de contar con un amparo.
Imposibilitada de demandar a sus agresores en México, por su expulsión, Valls inició un proceso judicial el 25 de enero contra 140 personas –funcionarios de todos los niveles, policías, custodios y agentes de migración– ante el tercer juzgado de la Audiencia española, en la que está pendiente su aceptación. Antes de resolver si da entrada al caso, el juez Grande-Marlaska solicitó al gobierno mexicano información sobre el estado del curso legal del caso Atenco y la expulsión de la querellante. La petición fue presentada el 3 de marzo. Hasta ahora el Estado mexicano no ha respondido.
“La información que pueda proporcionar el gobierno mexicano –explicó Waisman– tiene importancia para el proceso, pero la aceptación del caso por parte de la Audiencia Nacional no depende de ella.”
Paloma Soria, defensora de Cristina Valls, expresó su confianza de que la Audiencia española ejercerá su jurisdicción bajo el principio de la justicia universal, que le da facultades de intervenir en casos de extrema gravedad –como lo es este caso de tortura– con independencia de dónde se haya cometido la violación al derecho humanitario. Citó los antecedentes del juicio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el torturador de la Armada argentina Ricardo Miguel Cavallo. Este último fue detenido y extraditado a España por petición de la misma Audiencia, “con lo que México reconoció la extraterritorialidad de la justicia universal.”
Al mismo tiempo, 11 mexicanas, de las 47 mujeres que fueron detenidas en Atenco, torturadas y agredidas sexualmente, recurrieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Jaqueline Sáenz, del Centro Agustín Pro que representa legalmente a las 11, señaló que se recurrió al sistema interamericano porque “en México no prosperó la vía penal. Los recursos internos, tanto a escala federal como estatal, no fueron efectivos. Hubo negligencia en la investigación, hostigamiento a las víctimas y se aseguró la protección e impunidad de los agresores. Sólo uno, de todos los que participaron en la tortura colectiva, fue sancionado con una pena que no mereció cárcel.”
Explicó que la CIDH, al dar entrada al procedimiento de las mujeres violadas en Atenco, dio por agotada la vía judicial en el país, aunque el caso todavía esté pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia. Pero aun si la Corte validara las denuncias de las víctimas sobre uso excesivo de fuerza, brutalidad y tortura sexual, “su fallo puede ser bueno como memoria histórica, pero nada más. Al no tratarse de un fallo del cual puedan desprenderse órdenes de aprehensión ni reparación del daño, este proceso no satisface la necesidad de justicia de las víctimas”.
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