Este pasado viernes fue condenado uno de los policías estatales implicados en las agresiones de Atenco. El juez primero penal de Tenango ha condenado a Doroteo Blas Marcelo a tres años y dos meses de prisión, por el delito de "actos libidinosos". El policía podrá eludir la cárcel pagando 8427 pesos en concepto de fianza.
La noticia (ver aquí) aparecía en el día de ayer en el diario mexicano la Jornada. Es triste que en los dos años que se han transcurrido desde la agresión policíaca que sufrieron los ciudadanos y ciudadanas de Atenco, sólo un policía haya sido condenado. No olvidemos que en la brutal intervención participaron más de 3000 efectivos policiales de tres cuerpos de seguridad diferentes. Más de 200 personas fueron detenidas ilegalmente y torturadas, todas las mujeres sufrieron además vejaciones y tortura sexual y dos personas (un niño y un joven estudiante) perdieron la vida a causa de disparos de bala y proyectiles de humo policiales.
Y justo ahora, cuando se acerca el segundo aniversario de la despiadada agresión, un juez condena a una pena simbólica a tan sólo un policía, pena que sin duda evitará pagando la fianza con su sueldo de funcionario policial, es decir, con el dinero de todxs lxs ciudadanxs del estado de México. Es triste que, a dos años de la programada intervención gubernamental, asistamos a semejante lavado de cara de las instituciones, que creen que tomando a un sólo responsable como chivo expiatorio la agresión de mayo de 2006 queda resuelta con justicia.
Pero lo más triste no es que la duración de la condena sea más o menos larga, o que vaya a librarse de la cárcel pagando fianza con dinero de contribuyentes. Lo más lamentable es que se le acuse de "actos libidinosos" . Esta ridícula sentencia está a la misma altura que la acusación que se hacía sobre otros 16 policías estatales, "abuso de autoridad", de la cual además fueron absueltos el pasado mes de febrero. Con este tipo de acusaciones, la supuesta Justicia elude el hecho de que la cruel intervención policial, la tortura, la agresión física, verbal y sexual, no fueron cosa de un sólo policía que perdió el control, sino que fue una estrategia diseñada a tres niveles (municipal, estatal y federal) para reprimir, y castigar a lxs pobladorxs que estaban protestando contra la construcción del Walmart en la zona donde vendían sus productos, y por otro lado para aterrorizar a otrxs ciudadanxs, que de ese modo verían de cerca que "quien protesta tiene su escarmiento". Y dos años después aún el gobierno conserva esa moraleja política para el resto de la sociedad, con 13 compañerxs encarcelados esperando juicio y otros 3 encerrados en un penal de máxima seguridad, condenados a 67 años de cárcel.
El estado de sitio y la violación sistemática de derechos humanos que acaeció en el municipio de San Salvador Atenco no fue sólo una intervención policial en la que algunos uniformados se excedieron. Los autores materiales de los hechos, es decir, los efectivos policiales, habían recibido instrucciones de crear un estado de terror, un plan dictado por enchaquetados responsables intelectuales. Parece que aún tendremos que esperar para ver a los arquitectos de la masacre sentados en el banquillo de los acusados.
La justicia es algo más que una sentencia. Por eso las sentencias que son migajas no nos dejan conformes. No nos olvidamos de los cerebros que diseñaron la operación, asesinos tan mezquinos que ni siquiera necesitan manchar sus manos de sangre.
¡Viva Atenco libre!
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