México DF, 2 dic 08 (CIMAC/Amecopress).- La ciudadana española Cristina Valls es una de las 47 mujeres que fueron violadas y torturadas en mayo de 2006 por la policía en el municipio mexicano de San Salvador Atenco, Estado de México.
El efectivo policial, compuesto por 3 mil personas, sofocó una protesta campesina por la defensa de los derechos laborales con la detención, incluso dentro de sus casas, de 200 manifestantes.
En enero de este año, Cristina Valls y la ONG Women’s link Worldwide interpusieron una querella criminal ante la Audiencia Nacional por el crimen de tortura, violación y abusos sexuales, que fue asignada a Fernando Grande Marlaska. Tras consultar a las autoridades mexicanas, el magistrado decidió no admitir la denuncia con el argumento de que México ya estaba investigando, y al ser el país donde ocurrieron los hechos, tenía prioridad.
Women’s link Worldwide ha rodado un documental, que ya puede verse en su página Web, donde las mujeres relatan lo ocurrido en Atenco. La organización afirma que de las 47 mujeres que fueron detenidas y torturadas, hay casos especialmente graves, como los de 26 mujeres que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia sexual, incluso violación y otras formas de agresión sexual y violencia.
JUSTICIA UNIVERSAL
Tras el rechazo de Conde Marlaska, Cristina Valls presentó a través de esta ONG un recurso de apelación argumentando que el delito de tortura es perseguido a nivel internacional, que concierne a la “justicia universal” y por lo tanto, la competencia mexicana para enjuiciar estos hechos debe considerarse “concurrente” con la jurisdicción española, es decir, puede juzgarse en los dos sitios a la vez porque la finalidad es que este tipo de delitos no queden impunes.
Según la abogada responsable de la causa, Paloma Soria, el recurso de apelación señala que la jurisprudencia aplicable a casos de graves violaciones de derechos humanos señala como único límite para la investigación judicial el principio de “cosa juzgada”, que no se ha producido en este caso.
Por el contrario, explica Viviana Waisman, directora general de Women’s link Worldwide, las actuaciones policiales y judiciales mexicanas “han sido escasas, incompletas, opacas y claramente orientadas a garantizar la impunidad de las autoridades y mandos policiales implicados”, como ha quedado también patente en informes independientes, como los elaborados por Amnistía Internacional, y las constantes denuncias de las organizaciones mexicanas de derechos humanos.
Además, la respuesta del Gobierno mexicano informando de que había un proceso abierto en este país fue elaborada por la Procuraduría General de la República cuyo titular, Eduardo Medina Mora, es uno de los principales acusados porque era el responsable de las fuerzas federales cuando se cometieron los atropellos de Atenco.
Las demandantes quieren que se esclarezcan los hechos y se busquen a los culpables que están detrás del efectivo del equipo policial que intervino en la operación, que se juzgue a “los cargos que pensaron y dieron las órdenes” de actuación y en definitiva, “que se juzgue el crimen de tortura para que no quede impune”.
“La decisión está ahora en manos de la Audiencia Nacional”, recalca la abogada, que confía en que se hará pública antes de finales de este año. Si la Sala de lo Penal no acepta el caso, “sin lugar a dudas acudiríamos al Tribunal Constitucional”, agrega Paloma Soria.
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